Cuanto más poder, menos posibilidad de negociación internacional habrá.
En el marco de la cantidad de situaciones
internacionales denominadas hoy disputas (económicas, militares, de fronteras,
etc), que mayormente derivan en conflictos y no necesariamente armados; es
cuando uno empieza a dudar si verdaderamente existe la denominada
"comunidad internacional", pero en la práctica no solo en la teoría.
Porque empíricamente esto más bien parece una anarquía internacional. Es por
ello que vinculada a la causa analítica internacional pensé en escribir un poco
sobre lo relativo al poder de algunos Estados que agrupados o no, siempre
terminan presionando desde diferentes mecanismo evidentes o no; a los que están
en la llamada periferia de las decisiones, y además ese poder o presión se
genera bajo los standares de las propias organizaciones internacionales
(estructura de normas vigentes) que en su génesis tenían por fin entre otras
buenos menesteres; mantener la paz. Ahí es donde yo me apunto pensando en
cuanto a las modalidades que ellos occidentalmente entienden la constitución de
la paz o el llamado fin común social internacional; y me pregunto, ¿hasta
dónde podremos los países sin semejante poder miliar o económico soportar los
arreglos o parches a los problemas o disputas sin verdaderamente ser
escuchados en nuestras necesidades o demandas? Podemos verdaderamente pensar un
cambio en las estructuras de poder (normas que favorecen a algunos) vigente e
internacionales?
Con todo ello leí entre tantos autores,
al Dr Dallanegra
Pedraza, y de él tomé algunos textos interesantes sobre el tema.
Como
primera medida debemos entender que el régimen internacional, funciona de manera
diferente que el régimen en el Estado-Nación, toda vez que, en primer
lugar, es “descentralizado”, a la vez que no existe “árbitro supremo” que pueda
exigir el cumplimiento de las normas y principios y/o sancionar por
incumplimiento; al menos a los más poderosos. Los principios y normas
internacionales en general, siguen los criterios de los más poderosos dentro
del marco de la estructura de poder vigente.
En tanto que las normas, son establecidas entre los miembros del sistema, en procesos
de negociación, aunque teniendo en cuenta la estructura de poder vigente; pero en ningún caso, esas normas pueden
contradecir los principios dominantes
la ideología del sistema que son impuestos en función del poder dominante.
Por ejemplo; desde la década de los ’90, los principios
dominantes tienen que ver con el neoliberalismo
y las normas giran alrededor de estos principios. Durante la etapa del bipolarismo, en que el mundo
giraba alrededor de la pugna entre dos ideologías incompatibles: capitalismo vs. comunismo, el
principio dominante tenía que ver con la “seguridad”
de cada una de las cabezas de bloque, por lo que la gran periferia debía
operar de manera tal de no poner en tela de juicio esa seguridad, so pena de
ser intervenidos o sancionados de la más diversa manera.
Los organismos internacionales que son controlados por los más poderosos de
diferente modo: voto ponderado o por cooptación de los más débiles, aun en
aquellos casos en que el sistema se maneja con un Estado=un voto, se
encargan de que los miembros del sistema cumplan las normas en función de estos
principios, por lo que resulta muy complejo a los que carecen de poder y por lo
tanto carecen de capacidad -más de los
dos tercios de los Estados del mundo-, para establecer o modificar
principios o llevar a cabo políticas diferentes a las que se implantan.
Esto resulta claro en casos como el laboral, en que
organismos como la OIT ya no
tienen capacidad regulatoria y los temas laborales son regulados por la OMC. La OMC que se ocupa de regular no
sólo el comercio de bienes y de servicios (agua, salud, educación, etc.), a través del Acuerdo General de
Servicios (AGS), sino también
los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo los medicamentos; también se
encarga de la derogación de la normativa de compre gubernamental (estatal y subestatal); de la
resolución de contenciosos comerciales; de las inversiones; etc. El mecanismo
de negociación ha sido implementado, de manera tal que los más poderosos son
los que tienen prioridad: toda iniciativa, en general, es patrocinada por el
QUAD (EUA, Canadá, Japón y la UE), si hay consenso allí se remite a
los Estados pivotes o ballenas: (India,
Brasil, China; tal vez Rusia, etc.); si también hay consenso en este
grupo, se pone a votación luego de la presión-persuasión
sobre el resto de los miembros (148
en el 2005) de la OMC. La OMC avanza regulando aspectos propios de la
normativa doméstica de cada país e incidiendo en las condiciones de vida y de
empleo o desempleo de los habitantes.
También se ha perdido capacidad regulatoria en el área seguridad
en que la ONU carece de capacidad de establecer pautas, toda vez
que EUA, el país más poderoso incluso dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, puede pasar por encima de su
mandato y decidir cómo operar, obligando al resto de la comunidad internacional
a avalar sus conductas. En 1992, mediante la Operación Restaurar la Esperanza
intervino en Somalia,
Otra área es la financiera, en la que tienen un gran poder de decisión actores
transnacionales como la banca o
las calificadoras de riesgo país con
una gran capacidad de presión, especialmente sobre los Estados de la periferia
para que adapten sus economías a sus intereses económico-financieros. Además,
los grupos privados que se
transforman en acreedores de los Estados recurren a organismos como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones), del Banco Mundial, para lograr judicialmente que los
Estados cumplan con sus compromisos de pago de deudas a los sectores privados.
Cuanto más
subimos de nivel en la pirámide del poder mundial, menos posibilidades hay de
que haya acuerdos negociados, mediación
o arbitraje. En general, los más
poderosos -EUA lo ha
explicitado en el caso Afganistán (2001) frente a los pedidos del Embajador
talibán en Pakistán- tienden a
no negociar y a imponer su voluntad o, en los casos en que instituciones
como la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de la ONU establecen laudos o sentencias contra ellos,
deciden no cumplir sin que haya posibilidad alguna de que se exija su
cumplimiento o se los sancione por incumplimiento, ya que no hay “árbitro supremo” que pueda
obligarlos, salvo que ellos operan como árbitros supremos en un sistema en el que
obligan a los más débiles (más de los
dos tercios del sistema global)
Los que negocian, son los Estados periféricos en
general y lo hacen desde una situación de debilidad, salvo que lo hagan con
pares y por lo general con grandes dificultades, como en los conflictos
territoriales en los que deben intervenir países garantes.
En el caso del ALCA por ejemplo, las reglas las establece EUA, a la vez que los
métodos de negociación. Cuando EUA ve
que existen ciertas presiones conjuntas que pueden molestar a sus intereses,
inmediatamente opta por la vía bilateral para ir desarmando toda posibilidad de
capacidad negociadora por parte de América Latina. Esta es una forma histórica de negociación y
no una novedad para el caso del ALCA. El presidente Truman, con
ocasión de plantear la creación de un ejército americano con el objeto de
comprometer, entre otras cosas a América Latina en el esfuerzo de la “guerra
fría”, al encontrarse con resistencias, optó por negociar bilateralmente
acuerdos militares, para lograr el mismo objetivo que multilateralmente no
había podido alcanzar. Esta es la misma metodología que se está planteando el
gobierno de George
W. Bush a través de la Secretaría de Comercio para negociar acuerdos de
libre comercio bilaterales (TLC) y
establecer por otra vía el ALCA.
Esta
es una característica que también responde a las nuevas tendencias de
funcionamiento y comportamiento del sistema mundial de hacer girar las
relaciones, las decisiones y las negociaciones a través de la “estructura
internacional” dejando de lado -especialmente
para la gran periferia de Estados, ya que los más grandes se reservan el
derecho de manejarse según sus intereses-, los intereses soberanos y la
gran mayoría de normas e instituciones internacionales creadas en función del
modelo de la soberanía.
La carencia de un “árbitro supremo” en el ámbito
internacional, así como de un “equilibrio de poderes” que permita una mayor
equidad, dificulta la administración de justicia. Esta es establecida por los
más poderosos, según su visión del orden.
El orden mundial no es la resultante de una “convergencia de
voluntades” sino de la imposición de un reducido
grupo de actores con capacidad suprema de poder. Para que el orden sea
la resultante de una convergencia de voluntades, debería existir una gran “difusión” de
poder. Esto significaría que el
poder estaría dividido en muchas alícuotas partes entre los miembros del
sistema; cada uno detentaría una pequeña alícuota. En un mundo de
aproximadamente 200 Estados, por lo menos la cuarta parte debería detentar
alícuotas de poder, como para poder decirse que hay “difusión” de poder. Esto
no existe, y mucho menos hoy que el mundo tiene una configuración imperial en
lo estratégico-militar, mientras que en lo económico, más allá de que hay gran
difusión de poder, éste está difundido entre actores transnacionales junto a
unos muy pocos Estados industrializados, pero no entre Estados periféricos.
Estos últimos, se encuentran subordinados, en lo estratégico-militar, a la
voluntad suprema de EUA en el marco de la OTAN y/o de las coaliciones ad hoc, mientras que en
lo económico a los países industrializados y a las empresas transnacionales y
la banca.
El problema de la justicia, en alguna medida, a nivel
de conflictos interestatales, podría paliarse a partir del aumento del poder
negociador por parte de los países periféricos, mediante la conformación de alianzas estratégicas .
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No obstante ello, hay una multiplicidad de
problemáticas que requerirían de diferentes metodologías e incluso perspectivas,
muchas de las cuales, hoy resultan inadmisibles. Entre los temas complejos está
el de la negociación
de la deuda en países cuyos gobiernos fueron dictaduras y los endeudaron
de manera ilegítima. Existe una diversidad de doctrinas que buscan resolver de
una manera más satisfactoria esta problemática, como la de la “deuda odiosa” o derivar a la CIJ el tratamiento del tema a
los efectos de establecer la legitimidad o ilegitimidad del endeudamiento; pero
aun no han sido suficientemente probadas ni aplicadas, salvo por países como
EUA en función de sus intereses, pero no por países periféricos que carecen de
poder de implementación de estas doctrinas o que tienen gobiernos corruptos que
solo negocian sus intereses corruptos y no los de la Nación. Es más, en el caso
de América Latina, se conformó un consenso en 1985, para el tratamiento de la
deuda externa, conocido como Consenso de Cartagena; sin embargo, los propios
miembros lo dejaron de lado y decidieron negociar individualmente,
debilitándose. En muchos casos, las empresas estatales se han endeudado y los
gobiernos de turno acordado por contrato que los problemas que se susciten
serán resueltos en tribunales cuya sede no está en el país sino, en general, en
Nueva York u otros Estados; o el caso del lanzamiento de bonos de deuda que
luego, al generarse conflictos son tratados en tribunales como el CIADI; de
esta forma, los contribuyentes de los países deudores quedan a merced del poder
externo y además de los malos manejos o manejos espurios de sus gobiernos,
debiendo asumir la carga de pagar lo legítimo y lo ilegítimo.
Autora; Jaquelin Parada
Fuente; Ensayo del Dr Dallanegra Pedraza extraído del Centro Argentino de Estudios Internacionales
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