Análisis de artículos actuales referidos a política exterior argentina en materia de Derechos Humanos y Democracia
Desde
la vuelta de la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos es una Política de
Estado.
En 1994, con la reforma de la Constitución
Nacional, el compromiso hacia la protección y promoción de los derechos humanos
fue profundizado con la incorporación -con rango constitucional- de los
principales instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos,
entre los que se cuentan:
La
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración
Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la
Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los
Derechos del Niño; los que, en las condiciones de su vigencia, deben entenderse
complementarios de los derechos y garantías reconocidos en la Carta Magna.
En
tanto que por Ley 25778 se otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre
la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa
humanidad. Por su parte, la Ley 24820 otorgó también jerarquía constitucional a
la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, aprobada
por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Recientemente,
la Argentina ha establecido las bases para la puesta en marcha de un Plan
Nacional de Derechos Humanos, que consiste en un diagnóstico del estado actual
de su desarrollo en el país, a partir del cual se desprenden las principales
líneas de acción estratégica a mediano y largo plazo. Este plan está conformado
por un conjunto de medidas que permiten la sistematización, profundización y
consolidación de los derechos humanos, mediante el trabajo consensuado y la
participación de diversos actores sociales. Asimismo, desde el año 2005, se
implementó un Plan Nacional contra la Discriminación, el cual contiene un
pormenorizado diagnóstico de esta problemática y establece un esquema de
trabajo, además de brindar recomendaciones específicas. Dentro del cual existe
el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI).
Vale
decir que es el Estado quien debe hacer valer dichos derechos, mediante el
respeto y promoción de los mismos, es por ello que existe la Secretaria de
Derechos Humanos actualmente, bajo la orbita del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, e interviene en todo lo concerniente a la elaboración y
ejecución de las políticas, planes y programas coordinando con otros
Ministerios y poderes del Estado, así como las distintas organizaciones
gubernamentales, de derechos humanos.
En
cuanto al sistema carcelario, como elemento determinante en cuanto a los
derechos humanos. Al respecto, el Comité de DDHH ha manifestado su
preocupación en este sentido conociendo
y resolviendo casos, como el de las cárceles de Mendoza. En los que comprobó la
falta de cumplimiento por parte del Estado Argentino de los estándares
internacionales en la materia.
Al
respecto, y según el [1]informe anual 2009 de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en la Provincia de Bs. As., hubo:
Muertes: En 2008 murieron 112 personas en el sistema
penitenciario provincial, lo que implica un crecimiento del 10 % con relación
al 2007. Su clasificación es; muertes
traumáticas (producto de peleas o heridas de arma blanca, suicidios por
ahorcamiento, electrocución, asesinatos y otros) representan el 41% del total.
En 31establecimientos fallecieron personas que estaban al cuidado del Estado.
Las muertes no traumáticas representan el 57 % del total. Muchas son evitables
y tienen origen en enfermedades que de tratarse de manera adecuada pueden
curarse (casos de pacientes con VIH y TBC).
Hechos
violentos: Según el informes del Poder
Judicial, ascendieron a 7.027 en 2008, más de 585 hechos mensuales. Estos
hechos se agrupan por; pelea entre varios internos, pelea entre dos internos,
agresión entre internos, autolesión, accidente, agresión al personal, amenaza
al personal e intento de suicidio.
Represión
con balas de goma dentro de las
cárceles, como herramienta para resolver las situaciones conflictivas que se
generan. Aunque el personal penitenciario, por Ley tiene limitado el uso de
armas, la represión con balas de goma ha sido utilizada al menos en 1.487
oportunidades durante 2008, o sea alrededor de 123 hechos por mes.
La
tortura y los tratos crueles e inhumanos:
el Estado provincial no ha construido políticas que se orienten expresa y sistemáticamente
a prevenir, sancionar o identificar los hechos de tortura que se ejecutan en
las cárceles provinciales. La tortura continúa siendo una práctica
generalizada. El submarino seco, los palazos, las golpizas, la picana
eléctrica, los traslados constantes, las duchas o manguerazos de agua helada,
el aislamiento como castigo, constituyen un muestrario de prácticas vigentes.
El Comité contra la Tortura presentó en 2008, 761 hábeas corpus individuales
que denuncian el agravamiento de las condiciones de detención y, gran parte de estos hechos constituyen
tortura.
Agresiones
físicas: de un total de 266 encuestas
realizadas en 5 unidades penales de la provincia, el 72 % de los detenidos
reveló haber sido agredido físicamente por personal penitenciario. Los más
jóvenes y los primarios son porcentualmente más agredidos que los mayores y los
reiterantes. El 25 % de las mujeres entrevistadas ha sufrido agresiones por
parte del personal penitenciario en 2008.
El
aislamiento: el aislamiento en los
buzones de las cárceles provinciales constituye una de las formas más
extendidas de tortura y crueldad sobre los detenidos. Esta medida se cumple en
los llamados pabellones de separación del área de convivencia. Es allí donde se
registra mayor violencia física (golpizas), además del padecimiento psicológico
por el aislamiento y las condiciones de detención. El encierro es en celdas de
2 x 1,5 metros ,
con doble puerta, durante 23 ó 24 horas al día, muchas veces sin agua potable,
con sanitarios que no funcionan, falta de luz, de calefacción, y sin acceso a
patio, escuela o trabajo.
Varias
son las variables que se mencionan en este informe que no tiene desperdicios,
por ejemplo: los traslados,
como medida de de castigo y
disciplinamiento
desplegada por el Servicio Penitenciario sin control del Poder Judicial.
Vale decir que para evitar o contrarrestar esta
situación carcelaria, se han constituido varios foros o fundaciones,
asociaciones, al respecto compuesto por la misma sociedad civil. Todos
participan en el control de la situación de las personas privadas de libertad,
pero ha sido y es un trabajo bastante arduo, ya que no se encuentra enmarcada
en planes o políticas que promuevan dicha participación articuladas desde el
Estado. Por cuanto en muchos casos no se les permite su acceso a las cárceles.
Finalmente
y en otro orden de cosas, nuestro también tiene responsabilidad humanitaria.
Porque no sólo debe responder a sus ciudadanos o, a otros Estados; sino que
también responde por el destino de los seres humanos, sin importar su bandera. En
la agenda de los derechos humanos también está; la ayuda humanitaria, de la
hospitalidad con el inmigrante y de la responsabilidad de proteger a una
población que es víctima de un Estado que está cometiendo genocidio, limpieza
étnica o crímenes de lesa humanidad. Esta responsabilidad nos lleva
directamente a cooperar con países y regiones como Canadá, Escandinavia,
Oceanía y algunos pares regionales como Chile, con quien creamos una fuerza
conjunta de paz para trabajar bajo los mandatos de Naciones Unidas.
En
cuanto a la democracia; la debilidad del compromiso de la sociedad
argentina con la ley y su Constitución, junto con un grave déficit de
legitimidad institucional; son las principales conclusiones que surgen de muchas
investigaciones, y situación que se repite en varios países latinoamericanos,
como es el caso de ésta investigación del [1]Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de México. Aunque constatan la alta
valoración que la mayoría de los entrevistados tiene de la Constitución y el
hecho de que el respeto a la ley aparece como el logro más deseado para la
sociedad argentina. Teniendo en cuenta que la observancia y aplicación de las
leyes son el factor más importante para fortalecer la democracia, junto a la
existencia de gobiernos honestos, transparentes y que rindan cuenta. Sin
embargo los datos de la investigación arrojan que hay un bajo grado de conocimiento de la
Constitución junto a un alto nivel de irrespeto por la legalidad. El 86% de la
población entrevistada considera que la Argentina vive la mayor parte del
tiempo al margen de la ley, mientras que para el 88% de los entrevistados los
argentinos son desobedientes y transgresores (aunque la mayoría no se ubica a
sí mismo en esa categoría). Particularmente grave es el hecho de que los
políticos en primer lugar (con un 74%) seguidos de los policías (56%), los
funcionarios públicos (49%) y los jueces (41%) sean percibidos como los mayores
y principales violadores de la ley.
Estos datos evidencian la gran paradoja que hoy
caracteriza a la sociedad argentina. Por un lado, una gran demanda de
legalidad, una alta valoración de la Constitución y una demanda de líderes
capaces de manejarse con apego a las leyes. Pero, por el otro, una sociedad que
conoce y cumple poco su Constitución, que se autocalifica mayoritariamente como
transgresora, que en lugar de asumir como propia la responsabilidad de este
incumplimiento prefiere transferirla a los "otros", en la que el 41%
opina que hay momentos en que es necesario desobedecer la ley, el 38% sostiene
que si piensa que tiene razón está dispuesto a ir en contra de lo que manda la
ley, y el 23% que no está dispuesto a obedecer una decisión que no le gusta
aunque esta haya sido adoptada por la mayoría. En este sentido, la encuesta pone
de manifiesto otro dato preocupante, cual es la alta desconfianza y falta de
credibilidad que afecta a las instituciones, sobre todo al Congreso y a los
partidos políticos.
Aquí encontramos datos significativamente iguales
a los obtenidos, también por investigaciones-encuestas; en este caso del [1]Informe Latinobarómetro 2008, en cuanto al estado de
la Democracia en América Latina y el Caribe.
El
informe muestra un aumento del apoyo a la democracia y a sus instituciones.
Una
mayoría del 66% en promedio considera que la
democracia es indispensable para alcanzar el desarrollo, un 71% se declara personalmente feliz y un
66% satisfecho con la vida.
El
apoyo a la democracia promedia un 57% y alcanza al 82% en Venezuela, al 79% en
Uruguay, al 73% en República Dominicana, al 68% en Bolivia, al 67% en Costa
Rica, al 62% en Colombia y al 60% en Argentina. Las menores cifras corresponden
a Guatemala (34%), México (43%), Honduras (44%), Perú (45%) y Brasil (47%).Y en
un término intermedio se encuentran El Salvador (50%), Chile (51%), Paraguay
(53%), Panamá (56%), Ecuador (56%) y Nicaragua (58%).
Asimismo,
la democracia es considerada indispensable para el desarrollo por un 85% en
Venezuela y un 78% en Uruguay, seguidos de República Dominicana (77%), Perú
(76%), Paraguay (74%), Panamá (70%), Nicaragua (69%), México (67%), Argentina
(67%), Honduras (64%), Guatemala (64%), El Salvador (63%), Ecuador (62%) y
Costa Rica (60%). En Chile y Colombia esa convicción alcanza al 58%, en Brasil
al 57% y en Bolivia al 55%.
En
cuanto a la participación cívica electoral, ha aumentando su peso desde 2006 al
2008 de 57% a 59%. Así también se han promovido ámbitos de participación
política no convencional como las marchas, protestas y manifestaciones en la
calle: el 63% piensa que estas demostraciones
“son normales en democracia”, el 59% que son “indispensables para que las
demandas sean escuchadas” y el 56% que “es una manera que tienen hoy los jóvenes de sentirse parte
de algo”. En contraste, otras formas convencionales de participación como
firmar un petitorio (17%) y asistir a manifestaciones autorizadas (12%), se han
mantenido o disminuido.
El
crecimiento de la desigualdad es un fenómeno que se registra en muchas
naciones, y erosiona nuestras comunidades, la mitad de los encuestados considere
que no ha disminuido durante la democracia, mientras que sólo un 21% piensa que
sí lo ha hecho.
Además
hay críticas a la economía de mercado como fuente de desarrollo está creciendo
en América Latina; y no es raro que se produzca en el momento de mayor
crecimiento económico sostenido de los últimos años. Los latinoamericanos
no rechazan la empresa privada, pero empiezan a proclamar una mayor presencia
del Estado como solucionador de problemas. De esta forma cuando se interroga
sobre si determinados servicios deberían estar mayoritariamente en manos del
Estado o del mercado, los ciudadanos consideran que deberían estar en manos del
Estado aquellos como: educación básica (86%), salud (85%), agua potable (83%),
universidades (82%), petróleo (80%), teléfonos (71%). El informe resalta que
los ciudadanos han comenzado a mirar al Estado para demandar soluciones,
prefiriendo un mayor control por parte del Estado en ámbitos que durante
décadas han sido controlados por manos privadas. Especial sorpresa surge de los
datos relevados de la tendencia de los ciudadanos argentinos hacia el sistema
de pensiones. Teniendo en cuenta que, según los datos relevados por
Latinobarómetro, un 90% de la población se muestra a favor de la administración
estatal, cuesta entender los profundos debates y protestas generadas por la
decisión legislativa de que el sistema de jubilaciones retorne a manos del
Estado, luego de la fallada administración de las AFJP. Aquí vemos claramente
cómo muchas veces ciertos grupos de presión y medios de comunicación no
reflejan, como pretenden mostrar, la real voluntad de la ciudadanía.
Al
mismo tiempo la confianza en los empresarios cae tres puntos porcentuales desde
la medición de 2006 (de 47% a 44%).Esta situación está en consonancia con el
escenario actual. La crisis internacional generó la necesaria búsqueda de
retorno hacia el Estado, mayor intervención del Estado, mayor control de los
mercados, mayor protección de los empleos y
fondos de los grandes sectores vulnerables. Y aquí estamos frente a la
necesidad de un nuevo conjunto de reformas estructurales, a un giro en el
sentido exactamente contrario al modelo que se impuso en la década del noventa,
que implica; el paso de un capitalismo liberal de mercado que aspira a ser al
final una sociedad de mercado, a un capitalismo regulado que abre paso a otras
formas de organización de la economía controlada por la política y el Estado y,
por lo tanto a un modelo de tipo socialdemócrata y de Estado de protección
social”.
Cuando
se mide el grado de satisfacción con algunos de los servicios públicos que
están en contacto más directo con los ciudadanos (como servicios municipales,
transporte público, recolección de basura, alcantarillado, caminos y
pavimentación, espacios públicos y áreas verdes), sólo el 26% expresa alta
satisfacción, el 25% satisfacción media y el 48% baja satisfacción.
No
es posible alcanzar una democracia sustentable sin una ciudadanía que adhiera
éticamente a las políticas de inclusión social y que demuestre
responsabilidad en la construcción de una sociedad justa. Además de los
clásicos problemas como la pobreza, el desempleo y la desigualdad, que se
repiten año tras año en la evaluación de Latinobarómetro, la ciudadanía muestra
profunda preocupación por la delincuencia. Es la primera vez que aparece como
el problema principal de la región, con un 17% sobre un 15% del desempleo.
Presentando sus puntos mas críticos en Venezuela (57%) y México (33%), alcanza
cerca del 20% en otros seis países como Guatemala (24%), Panamá (24%), Costa Rica (22%), Honduras (22%) y Argentina (21%).
Otros problemas como la inflación presentan especial atención en Panamá (46%),
República Dominicana (22%) y Honduras (19%). El informe también hace hincapié
en otros tópicos importantes como la
aprobación del gobierno, la confianza y la evaluación de las instituciones. En
referencia a la confianza en el Gobierno ha
ido aumentado progresivamente en los últimos años, contando con gobiernos con mayor legitimidad.
Hay más confianza en la conducción del país que aumenta de 26% en el 2001 a 47% en el 2008.Sin
embargo, este aumento de la aprobación y confianza en el Gobierno opera como un
sustituto institucional, ya que las otras instituciones de la democracia
cuentan con altos niveles de desconfianza por parte de la población. Asimismo,
a pesar del aumento en los niveles de aprobación, un 70% piensa que “los países
están gobernados por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”, lo
que refuerza nuevamente la crisis de representatividad. Los ciudadanos rescatan
como factores determinantes de la confianza en las instituciones públicas: la
igualdad (58%), el cumplimiento de las promesas (28%) y la responsabilidad de
admitir los errores (24%).
Si
bien los latinoamericanos perciben que existe mayor corrupción en la política
que en el resto de la sociedad, al mismo tiempo destacan un progreso en la
lucha contra la corrupción (de 26% en el año 2004 a 38% en el año
2008).La creencia de que no es posible la democracia sin Congreso/Parlamento ha
crecido significativamente entre 2001 y 2008 de 49% a 57%. También ha aumentado
la evaluación positiva de su trabajo, de 38% en el 2006 a 41% en el 2008, y la
confianza, de 17% en el 2003
a 32% en el 2008.
Capítulo
aparte merecen los partidos políticos. Si bien es cierto que ha aumentado el
número de ciudadanos que considera que sin partidos no puede haber democracia,
de 49% en 2001 a
56% en 2008, la crisis de representatividad es fuerte y merece un gran trabajo
al interior de los sistemas de partidos en América Latina para recomponer la
situación. Por eso una democracia con partidos débiles es una democracia
devaluada. El partido forma la voluntad política de un conjunto de grupos
sociales, superando la atomización a la que necesariamente llevan los planteos
corporativos y los individualismos. Únicamente mediante el fortalecimiento de
los partidos políticos podremos generar las condiciones de gobernabilidad y
concertar una estrategia de desarrollo participativa y transparente.
En
un mundo altamente globalizado, la región da señales de su interés por los
asuntos internacionales. Ha aumentado la opinión positiva sobre España (62%),
Japón (61%), la Unión Europea (59%), China (58%) y los Estados Unidos (58%).
Producto seguramente del crecimiento económico y de la mayor autonomía de la región
en un mundo altamente globalizado.También la región se ha abierto a Cuba, como
lo demuestra su reciente incorporación al Grupo Río. Latinoamérica demuestra
grandes esperanzas en torno al giro de la política norteamericana para la
región, sobre todo como consecuencia del triunfo electoral de Barack Obama.
A
modo de conclusión, en igual grado de importancia a lo expresado con la
exposición mediante datos estadísticos en cuanto a distintas variables que
constituyen el sistema democrático, quiero resaltar mediante algunos gráficos
la postura de nuestro país y de gran Bretaña en cuanto al caso tan sensible de
la soberanía las Islas Malvinas.
Nuevamente
refiriéndome a Barómetro hay una encuesta binacional de abril de este año sobre
el tema, que se ha hecho a mayores de 18 años en ambos países sobre un total de
más de 1800 encuestados.
Pregunta
1) ¿En términos generales, cuánto diría usted que conoce sobre…? Reino Unido para el encuestado
argentino y viceversa. Lo ingleses saben poco de Argentina, pero menos sabemos
los argentinos sobre ellos.
En
cuanto a la imagen que se tiene del país “contrincante” el siguiente gráfico muestra: que el Reino Unido tiene mayor imagen negativa de nosotros que
nosotros de ellos.
En cuanto a la importancia de la cuestión de las Islas Malvinas para la
Argentina, los ingleses entienden que es relativamente alto, pero el argentino
responde en un 85% al respecto.
Y, si la pregunta se torna al revés, la
importancia que tiene para el Reino Unido las Islas, , resulta que el argentino
encuestado cree en un 57% la existencia de dicho interés ingles, y en Reino
Unido entienden que es lógicamente más alto, un 62%. Casi el mismo porcentaje
tienen ellos de nosotros en cuanto a nuestro interés sobre las Malvinas, si
vemos las barras del gráfico anterior (65%).
¿Y qué tan legítimos considera que son los
reclamos argentinos sobre las Islas
Malvinas?
¿Y qué tan legítimos considera que son los
reclamos británicos sobre las Islas
Malvinas?
¿Cómo evalúa usted las reacciones y medidas
del actual Gobierno Argentino frente al tema? Aquí es paradójico lo que
observamos en cuanto a la casi paridad en la respuesta, entre los porcentajes
de “bien”, y de “mal”, en cuanto las gestiones del gobierno argentino en los
últimos años sobre el tema.
Por lo que sabe, ¿Los principales países del
mundo y organismos internacionales
apoyan la postura del Reino Unido, la de
Argentina o son neutrales?
Hay poca diferencia entre aquellos
argentinos que entienden que hay definitivamente apoyo internacional, con los
que no saben del tema, o creen que hay neutralidad ante el pedido argentino.
Sin embargo y lógicamente, los ingleses entienden que hay neutralidad
internacional, pero muy cerca del porcentaje están los que no saben sobre ello.
Es notable que en la encuesta se revele el alto
grado de conformidad inglesa con las medidas de su gobierno, en contraposición
con la negativa en un porcentaje alto de argentinos respecto a ello.
Sin embargo a la hora de preguntarles sobre
el eventual apoyo o no, a que Argentina y el Reino
Unido se sienten a dialogar sobre la soberanía de
la Islas
Malvinas, los argentinos apoyamos en un 83%, pero
los ingleses solo en un 37%.
Hay otras consultas, tales como las referidas a
la Guerra de Malvinas en 1982, y eL futuro de las islas, entre otras; pero que
no desarrollaré aquí ya hora.
Concluyendo con el análisis, quiero dejar
constancia que los medios masivos de comunicación en todo momento son un aporte
importante en los resultados de las encuestas. Ya que la percepción de la masa
poblacional está constantemente influenciada por ellos. Por eso me parece que
es notable que haya legislación acorde al tema. Quiero decir, un control no de
la libre expresión, sino de la pluralidad que tiene que existir en los países.
Que se combata a los monopolios privados, pero no con la instalación de
monopolios estatales, porque ello tampoco garantiza la libertad de informar.
Es un derecho el que todos los ciudadanos
tengamos acceso a la información de los actos de gobierno, lo que no implica la
publicidad oficial de dichas gestiones. Las pautas se debe regular
equitativamente, y el contenido de dicha información debe ser lo más objetivo
posible, sin partidismo político, o con bajada de línea o estrategia
electoralista.
Tiene que haber mayor transparencia del Estado, y
eso depende de la mayor participación e interés por tales asuntos por parte de
la sociedad. Lo que significa que el mismo Estado debe garantizar que esos
derechos cívicos sean conocidos y sean cumplidos. Todo esto fortalece a la
democracia, que la constituimos todos, sin desmedro de nada ni de nadie. Todos
estamos bajo el mismo territorio, solo que en algunos recae con mayor
responsabilidad que en otros, pero seguimos siendo parte importante de la masa
mayoritaria que puede constituirse en por ejemplo ONG, para hacer un
seguimiento de las acciones estatales, del comportamiento de los propios
ciudadanos y/o proponer medidas al respecto. Hemos visto en el caso argentino
que sucede cuando el pueblo sale a las calles en 2001 por ejemplo, que más allá del agobio por la crisis
estructural económico social de país, también salen a la calle para pedir
legislación como la del matrimonio igualitario, etc.
Los medios masivos son el vínculo más fuerte en
esta nueva era tecnológica que asiste a la apertura de un nuevo paradigma en la
globalización actual, entre las masas y el poder gobernante, así como entre
nuestro país y los demás países del mundo. Soy optimista al respecto, y
entiendo que podemos bien utilizar esta posibilidad de la ciencia para darnos
cuenta que podemos cambiar la historia, de hecho lo estamos haciendo
rápidamente. En muchos casos a favor de legislaciones más afines a las demandas
soberanas del pueblo y, en otros casos, afines a las demandas del mercado capitalista que vemos lentamente mutar para
dar paso a un nuevo sistema.
[1] Ver informe en http://www.cidh.oas.org/PRIVADAS/Cuestionario-de-Consulta.htm
[2] Argentina: una sociedad anomica, proyecto conjunto de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional e IDEA Internacional, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de México, y dirigido por Antonio Maria Hernández, Manuel Mora y Araujo. Ver en: http://www.observatorioelectoral.org/informes/analisis/?country=argentina&file=050918
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